PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012
Tema 1: modernizar el sistema de seguridad pública,
de procuración de justicia e impartición de justicia a partir de la inclusión de los juicios
orales, el combate a la impunidad, fortalecer el sistema penitenciario, entre
otras.
Seguridad
pública
A pesar de la transformación que ha vivido México
durante las últimas décadas, la seguridad pública es una asignatura pendiente.
En ocasiones, se tenía la percepción de que no era una preocupación prioritaria
para la sociedad, aunque siempre existieron indicios de presencia delictiva en
zonas específicas del país, enfocadas principalmente al comercio ilegal y el
robo, así como la producción, transporte y tráfico de narcóticos. Sin embargo,
en los últimos lustros se registró un inusitado crecimiento en el número de
delitos de alto impacto. Se hizo cotidiano conocer de situaciones de secuestro,
extorsión y robos con violencia. La lógica de las organizaciones criminales
encargadas del trasiego de drogas se modificó y provocó su fortalecimiento.
Así, aumentaron los volúmenes de sus ganancias
y con ello su capacidad para corromper autoridades y asegurar el
tránsito por ciertas zonas del país. Esta nueva dinámica criminal encontró
corporaciones policiales poco estructuradas, capacitadas y profesionalizadas,
lo que propició el fortalecimiento y la penetración de las organizaciones
criminales en algunas regiones del país. Con el paso del tiempo, la situación
de seguridad continuó deteriorándose. La presencia e impunidad de los grupos
criminales en algunas zonas del país se convirtieron en una amenaza muy seria a
la estabilidad y la capacidad para imponer la legalidad por parte de algunas
autoridades municipales y estatales.
En años recientes, la estrategia contra la
delincuencia organizada tuvo como pilares el combate frontal, así como la
aprehensión y eventual extradición de líderes de las principales organizaciones
delictivas. Ello generó vacíos de poder en la delincuencia organizada que
detonaron luchas violentas por el control territorial en importantes ciudades
del país. Esa lucha incrementó los niveles de violencia, y deterioró la
percepción ciudadana sobre su seguridad y la eficacia de la estrategia misma.
También se tradujo en un incremento de los requerimientos financieros y de
reclutamiento de los grupos delictivos. Dichas razones, aunadas al fortalecimiento
de la seguridad fronteriza en Estados Unidos a partir de 2001, contribuyeron a
que el crimen organizado en México incrementara la distribución de droga a
nivel nacional y expandiera sus áreas de operación hacia otras actividades,
tales como la trata de personas, la extorsión de negocios lícitos y el
secuestro. Estos grupos delictivos han emprendido acciones agresivas de
reclutamiento en comunidades de bajos recursos. En este sentido, 63% de los
participantes en la Consulta Ciudadana realizada en la página de Internet
pnd.gob.mx (en adelante, "Consulta Ciudadana") consideró que la
medida más efectiva para prevenir la delincuencia es ampliar las oportunidades
de estudio y empleo de la juventud y otros grupos vulnerables. De acuerdo con
información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), entre 2007 y2012 el total anual de denuncias por homicidio
doloso aumentó de 10,253 a 20,548. En el mismo sentido, las denuncias por
secuestro prácticamente se triplicaron al pasar de 438 en 2007 a 1,268 en 2012.
La misma fuente señala que las denuncias por extorsión se duplicaron en dicho
periodo al pasar de 3,123 a 6,045.Por otra parte, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), con base en la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, estima que en 2011 el 58%
de la población de 18 años y más consideró a la inseguridad como su principal preocupación.
Está misma encuesta reveló que entre 2010 y 2011 el número de víctimas del
delito aumentó de 17.8 a 18.7 millones. No obstante, la violencia que se ha
presentado en el país en los últimos años no es generalizada y se encuentra
claramente ubicada en ciertas regiones. Esto permite focalizar el combate a los
delitos de alto impacto y diseñar estrategias de seguridad pública
diversificada, acorde con la realidad de cada región. Desafortunadamente, la
violencia vinculada a la delincuencia no es el único tipo de violencia que se
vive en el país. Es específicamente grave la que se registra en contra de las
mujeres. En este sentido, es necesario mejorar los programas diseñados para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, ya que este
tipo de violencia afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo con la Encuesta Nacional
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2012.Para que un
país logre la paz debe comenzar por prevenir la violencia contra los niños,
niñas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos. Además debe
atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido violencia, así como
observar el principio del interés superior de la niñez en todas las actuaciones
que se realicen tanto para la prevención como para la respuesta. En este
sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas
en inglés) señala como un reto para México el hecho de que los registros
administrativos no capturan las diversas manifestaciones de violencia de manera
desagregada y comprensiva. Algunas formas de violencia contra la infancia tales
como el maltrato, la violencia sexual, la trata y la explotación no son
visibles en los sistemas de información y las estadísticas oficiales.
Otra de las consecuencias de la inseguridad y la
violencia ha sido el aumento de las violaciones a los derechos humanos, que se
cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de
seguridad. Por ello, la agenda de seguridad estará íntimamente ligada al
respeto y garantía de los derechos humanos, pues únicamente mediante el respeto
irrestricto de éstos se podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro
país en estos ámbitos. Según información
proporcionada por la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
(PROVÍCTIMA), desde su creación en octubre de 2011 y hasta el 31 de marzo de
2013, ha brindado servicio a 15,781 personas víctimas directas o indirectas de
algún delito. De ese número de víctimas, el 68% son mujeres y el 32% son hombres.
La violencia y la inseguridad también deterioran las condiciones para el
crecimiento y desarrollo económico. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE),
en 2011 el 37% de las empresas sufrió al menos la comisión de un delito. Los
resultados de dicha encuesta también sugieren que la inseguridad impone un
costo adicional a las unidades de producción, que equivale a 0.75% del PIB, ya
sea por medio de un mayor costo operativo o por la pérdida directa de recursos
como consecuencia de algún delito. La problemática en materia de seguridad
pública requiere de una nueva estrategia integral que recupere la confianza de
la ciudadanía en las corporaciones policiales. A pesar de que las instituciones
han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen
elevados, y las violaciones a los derechos humanos y los casos de corrupción
que involucraron a algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la
confianza de los ciudadanos. Muestra de lo anterior es que, de acuerdo con la
ENVIPE 2012, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías.
La generación de más y mejor inteligencia para la seguridad pública es
indispensable. La información para la toma de decisiones en materia de
seguridad pública debe fluir eficientemente entre las instituciones que la
requieran. Los diversos sistemas y bases de datos, que conforman el Sistema
Nacional de Información de Seguridad Pública, deben fortalecer su interconexión
y metodología para el uso y explotación de la información necesaria para hacer
frente al problema de la inseguridad. El uso de las tecnologías de la
información es una herramienta indispensable para hacer frente a este reto. En
materia de seguridad pública, el Gobierno de la República tiene claro que los
mexicanos quieren un país seguro y pacífico; asimismo, exigen que se reduzca la
violencia y se recupere la convivencia armónica. La prioridad es clara:
salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los mexicanos.
Sistema
de Justicia Penal
El Sistema de Justicia Penal vigente en México
hasta 2008 mostró deficiencias en su capacidad para cumplir su principal
finalidad: procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial.
La problemática estructural de ese Sistema, caracterizada por prácticas de
corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una
defensoría pública rebasada y una deficiente vinculación entre policías y el
Ministerio Público, se tradujo en violaciones a los derechos humanos, en la
ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la falta de respeto
al principio de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado de Derecho
y provocó que, en ocasiones, actos ilícitos quedaran impunes. Este fenómeno ha
afectado la percepción de la ciudadanía acerca del Sistema de Justicia: hasta
el día de hoy 56% de los participantes de la Consulta Ciudadana coincide en que
el principal problema del Sistema de Justicia es que permite la impunidad. Para
hacer frente a esta problemática, en junio de 2008 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y
Justicia. Una de las finalidades de la reforma fue modernizar el Sistema de
Justicia Penal de manera integral, ajustándolo a los principios de un Estado
democrático y a los instrumentos internacionales suscritos por México. La reforma
al Sistema de Justicia transformará el desempeño de las policías, ministerios
públicos, juzgadores, defensoría pública, abogados y de todos los involucrados
en procurar e impartir justicia, así como en ejecutar las sanciones penales en
beneficio de la sociedad. Sin embargo, hoy se registra un rezago en la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, debido a que, en su
momento, se subordinó la asignación de recursos para la reforma de otros
objetivos públicos. Aunado a ello, la insuficiente armonización legislativa, la
falta de capacitación entre los operadores y el funcionamiento inercial de las
instituciones constituyen obstáculos para la implementación del Nuevo Sistema.
La Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, muestra
que sólo el 11% de la población reportó saber sobre la Reforma Constitucional
de 2008; que el 49% considera que las leyes no se cumplen; que los principales
problemas del Sistema de Justicia son la corrupción, la tardanza y la
impunidad; y que el promedio nacional del nivel de confianza en la procuración
de justicia está por debajo del 15 por ciento.
Para la presente Administración, es prioritario
impulsar la reforma al Nuevo Sistema de Justicia, que se caracteriza por la
oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por
garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. En este
Sistema existen medios alternativos de solución de conflictos que permiten
descongestionar el Sistema Penal, hacer eficiente el uso de recursos y generar
condiciones para un adecuado acceso a la justicia. Por otro lado, un aspecto
central en materia de seguridad y procuración de justicia es lograr la plena y
efectiva colaboración entre Federación, entidades y municipios. Asimismo, debe
fortalecerse la colaboración entre las instituciones de seguridad pública y de
procuración de justicia, y finalmente entre el Ministerio Público, policías de
investigación y peritos. Asimismo, para la implementación del Nuevo Sistema es
necesario impulsar la expedición de un Código de Procedimientos Penales Único y
una Ley General Penal, ya que la multiplicidad de normas dificulta la
procuración y la impartición de justicia. Los operadores del Sistema a nivel
federal y en especial la Procuraduría General de la República (PGR), efectuarán
los cambios estructurales necesarios para cumplir en tiempo y forma con el
mandato constitucional establecido para la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal Acusatorio, con el apoyo del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal y su Secretaría Técnica (SETEC. En
2012, la cobertura del Nuevo Sistema de Justicia Penal ascendió a 31.2 millones
de personas, lo que representa el 28.4% de la población total del país. Las
experiencias de las entidades federativas servirán de parámetro para el diseño
del Nuevo Modelo de Justicia Penal Mexicano, mientras que el Código Único y la
Ley General Penal deberán ser la base para su construcción.
Opinión
Desde cierto punto como en la investigación se
menciona la situación de seguridad se ha ido deteriorándose al paso de los años
ya que presencia de impunidad de de los grupos criminales en algunas zonas del
país se convirtieron en una amenaza muy seria a la estabilidad y la capacidad
para imponer la legalidad por parte de algunas autoridades municipales y estatales.
Al igual se menciona que la impartición que se llevó la estrategia realmente no
funciono ya que genero más violencia y el deterioro la percepción sobre su
seguridad y la eficacia de la estrategia misma concluyo de que se mejoren los
programas diseñados para prevenir y que tomen en cuenta a la criminología ya
que explica las causas y tiene por objetivo ya que la delincuencia ataca con
mujeres, niños personar de escasos recursos. A pesar de que las instituciones
han hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen
elevados, y las violaciones a los derechos humano. Y por último que se fortalezca el sistema penitenciario,
mediante procesos transparentes, justo y con apego a la ley.
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